La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó ayer el documento de normas que rigen la actividad de los profesionales de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, en el que no se contempla la presencia mediante representante/s de los colegios profesionales de periodistas en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, órgano de nueva creación que nace con la función de elaborar el informe al que hace referencia el artículo 98.12 del Reglamento del Congreso. La reforma del Reglamento de la Cámara es una iniciativa que ha visto la luz gracias al impulso de los colegios profesionales de periodistas, que en noviembre pasado enviaron a Presidencia del Congreso, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a sus correspondientes responsables de prensa un texto específico muy desarrollado, denominado Reglamento de Uso y Código de Buenas Prácticas para el otorgamiento de Credenciales de Prensa en las Cortes Generales (Senado, Congreso de los Diputados y otras dependencias), que fue tomado como referencia para el texto que finalmente fue aprobado.

El artículo 98.12 del Reglamento de la Cámara es el que regula el procedimiento para la solicitud, emisión, concesión y renovación de credenciales a los profesionales de los medios para su acceso a las dependencias de la Cortes Generales y el ejercicio en ellas de su profesión, de la misma manera que fija “los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”. La normativa establece también el procedimiento sancionador que regirá, en el que serán de aplicación los principios propios del Derecho sancionador establecidos por la Constitución y la legislación vigente; y, para lo no previsto, “en el presente acuerdo y en el artículo 98 del Reglamento del Congreso, se aplicará de manera supletoria la regulación del procedimiento sancionador prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

El desarrollo, valoración, elevación de consideraciones e informes sobre posibles expedientes abiertos a profesionales por mala praxis o comportamiento impropio en cualquier situación que se dé será competencia del recién creado Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, del que han quedado fuera por completo los colegios profesionales.

El pasado 29 de julio los colegios de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia y País Vasco enviaron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al área de comunicación del Congreso un documento de solicitud formal en el que se pedía la inclusión en este nuevo órgano de al menos un miembro en calidad de representante de las entidades colegiales de periodistas. Los colegios oficiales tienen atribuidas, por ley, las competencias sobre cualquier materia que afecte al ejercicio de la profesión periodística en cualquier lugar, ámbito y situación. Desoír intencionadamente su voz y excluir su representatividad, función y ejercicio de todo entorno orgánico que contemple la consulta, valoración o circunstancia que pudiera ser objeto de expediente por parte de profesionales o de medios informativos en el Congreso de los Diputados, podría incurrir en otra cosa; una desacreditación a todas luces contraria a la ley estatal y leyes autonómicas, aquellas que han sido aprobadas en el seno de las cámaras territoriales, y que facultan, sin paliativos, una opinión autorizada. Dicha solicitud, a día de hoy, no ha sido atendida ni contestada. (Dicha solicitud se añade en adjunto).

Obviar a los colegios profesionales en esta cuestión es harto más grave a tenor de la importante función que se atribuye en la nueva normativa al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y, por extensión, a la Mesa de la Cámara, que dirimirá el buen hacer de los profesionales y de los medios en la Cámara Baja. Es un total contrasentido. Y una injusticia.

Por otra parte, el texto aprobado el martes 2 de septiembre, parco e impreciso, cuando no ambiguo, también excluye de la acreditación, por ejemplo, a los profesionales freelance o autónomos que, aun teniendo número de colegiación o registro profesional, no están adscritos a un medio de comunicación concreto, sino a varios, situación más habitual de lo deseable, dada la precariedad actual de la profesión. Se tiende a hablar más bien de medios tradicionales, y se soslaya, parcialmente, la existencia de medios informativos digitales, dejando al margen a pequeños canales de televisión digital o a medios online que tengan menos de diez profesionales en plantilla. Tal parece que el texto nace ya desactualizado. 

Un aspecto especialmente significativo, dada su implicación, es el hecho de que el Consejo, que decidirá las sanciones a periodistas, en su mayoría estará compuesto por políticos. No hay paridad alguna entre políticos y periodistas. El texto contempla un representante por parte de la Presidencia de la Cámara, otro por parte de la Vicepresidencia Segunda, un miembro de cada grupo parlamentario, dos periodistas designados por la Mesa de la Cámara a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), un miembro de la Secretaría General del Congreso y un miembro de la Dirección de Comunicación del Congreso; es decir: 13 políticos o miembros del Congreso y 3 periodistas. La pregunta se hace sola: ¿podrá sentar esta composición algún precedente?

El ejercicio profesional del periodismo es un bien de las sociedades democráticas que satisface muchas demandas y en la Casa Común deberían estar representadas todas, y más tratándose de lo periodístico, del derecho a saber, ese que sirve a la ciudadanía en virtud de esos mismos principios democráticos. Las instituciones profesionales creen firmemente que su inclusión en dicho Consejo merecía atención expresa, legítima y prioritaria, dado el grado de compromiso que han manifestado los órganos colegiales con este asunto. Obviarlos podría incurrir en otra cosa.

Por todo ello, los colegios profesionales han demandado de nuevo la inclusión en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, a través de una carta enviada este mismo miércoles a la Presidencia del Congreso, del mismo modo que mantiene abierta una ventana de diálogo con el fin de posibilitar un encuentro que favorezca verdaderamente los intereses de la profesión periodística y de todos los profesionales en su conjunto, sin exclusiones discriminatorias para parte de las Cortes Generales, la Casa de todos.